El Título II está dedicado a la gestión pública y a las medidas de modernización y mejora de la Administración de la Comunidad Autónoma. Varias medidas incorporadas en esta parte de la ley están conectadas con las exigencias más recientes del Derecho europeo. Así, dentro del capítulo II, relativo a la racionalización administrativa, recoge medidas como la reducción de cargas administrativas o la simplificación procedimental, que constituyen presupuestos de la competitividad económica; o la evaluación del impacto normativo, herramienta decisiva de mejora regulatoria, ensayada con éxito en los países más desarrollados.

Artículo 38. Proceso de racionalización administrativa.

1. La Administración de la Comunidad llevará a cabo una racionalización administrativa, como proceso integral y continuo, para conseguir la optimización de su organización y de los recursos humanos y la reordenación, simplificación, normalización y automatización progresiva de los procedimientos para satisfacer las necesidades de los ciudadanos.
2. La racionalización administrativa se realizará mediante:
   1. El análisis, el diagnóstico y la adecuación de las estructuras organizativas, procedimientos y procesos.
   2. La implantación de técnicas de gestión en atención a los principios de eficacia, eficiencia y economía.
   3. El establecimiento de programas de mejora.

Artículo 39. Análisis y racionalización de estructuras orgánicas.
1.- La Administración autonómica realizará un análisis permanente de sus estructuras orgánicas para lograr la máxima eficiencia en la prestación de los servicios.

Artículo 39. Análisis y racionalización de estructuras orgánicas.
2.- Mediante la realización de auditorías organizativas, se evaluará la adecuación de las estructuras administrativas a los fines previstos en el momento de su creación o modificación.

Artículo 40. Eliminación y reducción de cargas administrativas.

La Administración de la Comunidad de Castilla y León llevará a cabo un proceso de eliminación y reducción de las cargas administrativas en aquellas áreas prioritarias que se determinen por razón de las obligaciones de información que generen un mayor coste, mediante las siguientes actuaciones:

1. Reduciendo la frecuencia de las declaraciones obligatorias a los niveles mínimos necesarios para alcanzar los objetivos fundamentales del acto de que se trate y, de ser posible, armonizando la frecuencia de las declaraciones que se exigen en diferentes procedimientos administrativos relacionados entre sí.
2. Eliminando reiteraciones, verificando que la misma obligación de información no se impone varias veces por canales diferentes y suprimiendo los casos de solapamiento.
3. Automatizando la recogida de información, a través de sistemas de declaración electrónica.
4. Adecuando los requisitos de información, reduciendo en la medida de lo posible las exigencias impuestas.
5. Priorizando la exigencia de información a aquellos ciudadanos que realizan actividades de más riesgo.
6. Actualizando la imposición de obligaciones, mediante la supresión de los requisitos de información impuestos en relación con exigencias fundamentales que hayan desaparecido o hayan sido modificadas.
7. Facilitando el acceso a la información respecto de aquellos trámites administrativos que pudieran ralentizar el desarrollo económico.

Artículo 41. Simplificación administrativa.

1. La Administración establecerá medidas de simplificación de los procedimientos administrativos, con el fin de propiciar procesos de gestión pública más ágiles y racionales.
2. La Consejería competente en calidad de los servicios determinará los criterios de simplificación de procedimientos que permitan diagnosticar, entre otros, aspectos tales como la necesidad de aportación de documentos por los ciudadanos, el momento procedimental de su aportación y el grado de facilidad para convertir los documentos en papel a soporte electrónico.

Artículo 42. Calidad normativa y evaluación del impacto normativo.
1.- La Administración autonómica deberá adoptar medidas tendentes a conseguir una racionalización regulatoria a través de la reducción tanto del número de disposiciones normativas como de su dispersión.

Artículo 42. Calidad normativa y evaluación del impacto normativo.

2.- A efectos de mejorar la calidad normativa, se implementará de forma gradual un proceso de evaluación de impacto normativo, conforme a los siguientes principios:

1. Principio de necesidad, que implica la obligatoriedad de identificar y definir el problema público que requiere la intervención normativa e identificar los objetivos perseguidos por la nueva regulación.
2. Principio de proporcionalidad, cuya aplicación permite la identificación de los impactos previstos y la determinación de las opciones más adecuadas para conseguir los objetivos definidos.
3. Principio de transparencia, que asegura la adecuada participación de los principales afectados por la norma.
4. Principio de coherencia de la nueva regulación con el resto de actuaciones y objetivos de las políticas públicas.
5. Principio de accesibilidad, que implica que la norma sea clara, comprensible y conocida por sus destinatarios.
6. Principio de responsabilidad, que supone la determinación de los órganos responsables de la ejecución y del control de las medidas incluidas en la norma.

Artículo 42. Calidad normativa y evaluación del impacto normativo.
3.- El proceso de evaluación de impacto normativo incorporará la metodología adecuada que permita la comparación objetiva y cuantificada de las ventajas e inconvenientes de las distintas opciones posibles para solucionar el problema que la norma pretende resolver.