En primer lugar, se subraya el principio de interpretación más favorable a los ciudadanos, que conlleva la necesidad de resolver los casos dudosos o eventualmente oscuros en la aplicación de la Ley con la respuesta que menos perjudique a las personas afectadas por la misma. A la hora de facilitar información, por ejemplo, o en el momento de garantizar el acceso, o en la interpretación del formato de presentación de la documentación de los ciudadanos.

Ejemplo
D. José Sánchez, poco habituado a relacionarse con la Administración, solicita información sobre el valor de mercado de su vehículo de manera telemática, conforme establece la carta de servicios de la Consejería de Hacienda, que indica que prestará información en sus oficinas, por teléfono o telemáticamente.
En el mail que dirige a la dirección que le han facilitado, pone su nombre y primer apellido, pero no incluye su segundo apellido y DNI.
La administración no le contesta por no haberse identificado correctamente.

1. ¿Actúa siguiendo el principio de interpretación más favorable a los ciudadanos?
2. ¿Cómo debería actuar la Administración?

Respuestas:

1. No, este principio implica interpretar de forma más flexible los requisitos formales.
2. En este caso la falta de concreción de la identidad del ciudadano no imposibilita a la Administración para que contacte de nuevo con él y le solicite la información que falta ya que sí tiene su dirección electrónica a la que deberá dirigirse para requerirle mayor exactitud en su identificación: segundo apellido y DNI, después deberá facilitarle la información.

La equidad no es en realidad un principio general del Derecho, como la doctrina ha apuntado certeramente. Estamos más bien ante una técnica humanizadora de la aplicación de las normas, muy propia de la tradición española, dirigida a evitar resultados materialmente injustos de la mera subsunción lógica de los supuestos de hecho en sus presupuestos positivos. Cuando los hechos derivados de la brusca aplicación de las leyes repelen la sensibilidad humana, ha de reconsiderarse su corrección, buscando soluciones alternativas que no contraríen el Ordenamiento.

Ejemplo
Mohamed, con permiso de residencia y trabajo en España, escribe en el mes de Julio una carta a los Centros Públicos de Educación Infantil y Primara en los que su hijo de tres años Eyhab, puede ser admitido por zona, ya que su vivienda se encuentra en ese sector educativo. Sabe hablar algo de castellano, pero lo escribe con muchas deficiencias. Solicita a los centros que se le informe de si el Centro cuenta con comedor y programa de madrugadores. También solicita información sobre las ayudas a las que puede optar por parte de la Consejería de educación.
Uno de los Centros contesta a su carta con la información, el otro contesta diciendo que su escrito está lleno de incorrecciones por lo que no pueden darle la información que precisa.
¿Obraron bien en ambos centros educativos?

Respuesta:

Obviamente, si uno de los centros contestó a sus dudas fue porque, en aplicación del principio de equidad, hicieron el esfuerzo por comprender el contenido del escrito e informar al ciudadano. Además la Carta de Servicios de los Centros Públicos antes mencionados hacen referencia, precisamente, a la obligación de los mismos de suministrar esta información.

Al igual que la equidad, la buena fe es un concepto de la teoría general del Derecho y tradicionalmente enunciado para el ámbito privado (Código Civil). Sus proyecciones se extienden tanto sobre las relaciones interadministrativas como en el ejercicio de potestades, la invocación de derechos, el cumplimiento de obligaciones o la exigencia de coherencia en la propia conducta. Aplicado a las relaciones entre Administración y ciudadanos, exige un comportamiento escrupuloso y honesto en el cumplimiento de las normas

Ejemplo
En el registro administrativo de la Consejería de Hacienda Da. Nicanora presenta el impreso de liquidación del impuesto de Sucesiones y Donaciones. El funcionario del registro ve que en dicho formulario no se ha rellenado el campo en el que se solicita la fecha de defunción del padre de Dª. Nicanora, ni tampoco se adjunta a la solicitud el certificado de defunción. El funcionario no advierte a Nicanora.

¿Qué se puede reprochar a este comportamiento?

El principio de buena fe exige coherencia en la forma de actuar de la Administración. La administración está obligada a actuar en los procedimientos teniendo en cuenta principios como el de celeridad... si esto es así el funcionario debería advertir a Nicanora de que si presenta la documentación incompleta esto implicará una demora en el procedimiento pues se la requerirá para que subsane los defectos formales. El principio de buena fe exige que el funcionario advierta al ciudadano. En él está la decisión de elegir si modificar o no el escrito, sabiendo cuales serán las consecuencias.

Aunque entendida a menudo como traducción de la buena fe al ámbito jurídico administrativo, la confianza legítima se recibe más recientemente en nuestro Derecho positivo. Fue la doctrina primero la que apuntó hacia esta construcción de la jurisprudencia alemana, convenciendo a nuestro legislador de su recepción, en un sentido que impone tener presentes e intentar no perjudicar innecesariamente las expectativas generadas por los mensajes recibidos por los destinatarios de la actuación administrativas.

Ejemplo
El Servicio de Educación ambiental de la Junta de Castilla y León, todos los años aprueba una serie de ayudas para el desarrollo de actividades educativas en materia ambiental que se pone en conocimiento de todos los interesados en el BOCYL, y que se envía de manera individualizada a entes locales y Universidades de la Comunidad autónoma, en la primera quincena de febrero.
Debido a los recortes presupuestarios se ha disminuido el número de ayudas, y este año se decide únicamente publicar en el BOCYL la convocatoria de ayudas, suprimiendo la información personal a Entes Locales y Universidades en la dirección que desde hacía 10 años se les enviaban este tipo de ayudas.

¿Qué puede decirse de este comportamiento?

Si todos los años se avisa a los interesados en un procedimiento de los plazos de participación en el mismo, no debiera suprimirse esa comunicación sin informar a todos los afectados, pues legítimamente esperarán que se mantenga el mismo protocolo seguido en ejercicios anteriores. Quien no presentara su solicitud dentro del plazo por no haber sido avisado probablemente perdería su derecho procedimental, por lo que la Administración debe tener presente la legítima confianza en que no variará su comportamiento usual en este sentido.

Artículo 3. Principios generales
1.- Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho.

Igualmente, deberán respetar en su actuación los principios de buena fe y de confianza legítima.

Artículo 4. Principios generales.
Sin perjuicio de los principios generales de aplicación e interpretación de las normas, la aplicación de esta ley se regirá por los principios de interpretación más favorable a los ciudadanos, equidad, buena fe y confianza legítima.